Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable, y revertir o redireccionar, según corresponda, sus recursos o futuros ingresos al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos. El Poder Ejecutivo nacional deberá garantizar a los beneficiarios los mismos recursos que hubieren obtenido en caso de no haberse dispuesto la referida disolución, respetando, en su caso, las correspondientes asignaciones específicas.